El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó un instrumento excepcional de recuperación temporal que garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19, consistente en un Fondo de Recuperación Europeo que estará dotado con 750.000 millones de euros y se centrarán en tres pilares fundamentales: transición ecológica, digitalización y reindustrialización y de los cuales, 140.000 millones de euros serán para España (72.700 en subvenciones y 67.300 millones en préstamos). El horizonte de ejecución de los fondos europeos es de 6 años, del 2021 hasta 2026.
Este fondo es una inyección extra que se engloba dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia Europeo (también llamado Next Generation EU) y que se suma al plan de gasto ordinario de la UE de 1.074 millones de euros previstos para el período 2021-2027 (también conocido como Multiannual Financial Framework (MFF)).
El Gobierno de España presentó a finales del pasado mes de octubre el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, el cual se estructura en torno a la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, cumpliendo con las prioridades de los fondos europeos de recuperación. A pesar de que el periodo de ejecución de los fondos europeos es de 6 años, el Gobierno Español ha optado por concentrar el mayor esfuerzo de movilización de recursos en los próximos tres años para acelerar la reactivación de la economía, adelantando en los próximos Presupuestos Generales del Estado 27.000 millones de euros de este Plan.
El Plan se estructura en torno a diez políticas que inciden en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social:
De momento no hay un protocolo que establezca cómo las empresas pueden optar a estos fondos pero, conforme se establece en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia publicado por el Gobierno, las sociedades interesadas deberán presentar sus proyectos o planes según las convocatorias que lancen los distintos Ministerios.
A la espera de esto, se han puesto en marcha iniciativas por diferentes organismos públicos y privados para asesorar a las empresas. Como es el caso de algunas Comunidades Autónomas y Asociaciones que han abierto ventanillas de información.
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Tamara Meseguer
En blázquezAsociados asesoramos a empresas y particulares en cuestiones económicas y jurídicas desde una cultura de servicios marcada por los valores de compromiso y cercanía.
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