Como sabemos, en España son las Comunidades Autónomas las responsables de cargar el Impuesto de Sociedades, lo que incrementa las brechas y desigualdades a la hora de cobrar una herencia en función del lugar de residencia. El tipo marginal máximo sobre el impuesto de sucesiones se sitúa en el 34%. Éste se establece sobre el valor neto de los bienes recibidos y puede aumentar según el parentesco de los herederos con la persona fallecida. También se tiene en cuenta el patrimonio preexistente de los perceptores de la herencia.
En este sentido, Andalucía, Murcia y Asturias son las comunidades donde más impuestos se pagan en materia de sucesiones. En el caso de Andalucía, hasta hace poco el gravamen se disparaba si se recibían más de 175.000 euros heredados. Sin embargo, en agosto entró en vigor el Decreto Ley de Medidas Relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que desde enero de 2017 ampliará el nuevo mínimo exento para las herencias recibidas por parientes directos de 175.000 a 250.000 euros por heredero; además, la reforma amplía las deducciones por la herencia de vivienda habitual y lleva al 99 por ciento las reducciones en las explotaciones agrarias.
Según aseguran en los mentideros fiscales, es probable que el nuevo Gobierno que presidirá Mariano Rajoy modifique el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Entre otras razones porque, según los datos del Observatorio Notarial de la Realidad Socioeconómica de los Españoles, elaborado por el Consejo General del Notariado, el número de renuncias para recibir una herencia de un fallecido se ha multiplicado por tres durante la crisis. En concreto, si en 2007 se produjo el rechazo en 11.047 actos, en 2014 la cifra fue de 34.332 (un 211% de aumento).
Lógicamente, a ello contribuyen los altos impuestos que debe satisfacerse a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos (plusvalías). En algunas autonomías no se paga nada por el Impuesto de Sucesiones, como en Madrid, ya que tiene una exención del 99% para la primera línea de sucesión de padres a hijos; además, con los últimos cambios en sus Presupuestos de 2016, sólo bonificaban el impuesto, casi en su totalidad, La Rioja, Navarra y País Vasco.
Ahora también Canarias. En las islas, hasta 2015, cuando un soltero de 30 años heredaba bienes de su padre por valor de 800.000 euros -de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido-, tenía que pagar una cuota de 134.619 euros. Pero desde este año Canarias bonifica hasta un 99,9% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares en primer y segundo grado, a fin de paliar el creciente fenómeno de la renuncia a las herencias. De forma similar ya procede también Galicia, por los mismos motivos. Esta comunidad elevó el mínimo exento de tributación a 400.000 euros, por lo que el 99% de los gallegos no deberá pagar este impuesto en el momento en que hereden como hijos, padres, abuelos, nietos o cónyuges, y el 1% restante pagará menos.
Un mínimo estatal en toda España
Existe, pues, un convencimiento general de que con el nuevo Gobierno se va a fijar un mínimo estatal para homogeneizar el tributo en las diferentes autonomías, de ahí que, por ejemplo, en los últimos meses se haya producido una avalancha de donaciones en vida en la Comunidad de Madrid, una de las regiones que saldría ‘perjudicada’ por este posible cambio normativo.
Cuestión distinta es cuándo se aplicará este cambio. A priori, parece que no debería ser la mayor prioridad del nuevo Ejecutivo tras 10 meses en funciones sin poder aprobar leyes, y más aún cuando la recaudación de este tributo es muy reducida. Pero en los mentideros fiscales, como en otros, la percepción es distinta: se trata de medidas con un importante componente demagógico -“subir impuestos a los ricos”- y de imagen, por lo que es muy probable que veamos cambios fiscales a corto plazo.
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Departamento Fiscal, Blázquez & ASOCIADOS