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¿Conviene a las empresas meterse en política?

La prudencia aconseja al sector empresarial no meterse en política. Pero hay veces que esta norma no escrita se vulnera. Apple, eBay, Google, Facebook, Microsoft, Twitter o Uber forman parte del centenar de compañías tecnológicas que han presentado ante el juez alegaciones al polémico veto inmigratorio firmado por Donald Trump. No se trata de un simple comunicado rechazando las políticas del presidente de Estados Unidos, sino de la implicación activa a través de los cauces legales aplicables para que la orden ejecutiva de Trump no prospere.

No es la única manifestación contraria al actual inquilino de la Casa Blanca que se ha visto en las últimas semanas. Algunas compañías, entre ellas Airbnb, aprovecharon la Super Bowl, la jornada televisivamente más importante del año en EE UU, para difundir por las redes sociales reivindicativos spots publicitarios aludiendo al muro de México o a las restricciones de inmigración.

¿Es normal que las compañías privadas se mojen en cuestiones políticas? “Las empresas, al menos las de gran tamaño, están continuamente dando opinión sobre temas regulatorios”, apunta Daniel Arenas, profesor de sociología y responsabilidad social de la empresa en Esade. “Cuando dan el paso de airear sus opiniones, algún cálculo harán sobre los réditos que pueden tener esas acciones: si le conviene a sus trabajadores, si les permitirá conectar con clientes, etcétera”, abunda.

El argumento empleado para rechazar las restricciones a la inmigración promovidas por Trump, señala Arenas, es instrumental. Si no se permitiese la llegada a EE.UU. del mejor talento, jamás hubieran visto la luz firmas como Apple (el padre de Steve Jobs es sirio) o Google (Serguei Brin nació en Moscú), por citar dos de las mayores corporaciones del mundo. ¿Se rebelarían también las empresas de Silicon Valley contra leyes que no afectaran a la economía? “Rechazar las restricciones migratorias no deja de ser una campaña de publicidad, y de paso subrayas que tu empresa busca el mejor talento del mundo”, opina Arenas.

“Más que una cuestión de publicidad, detrás del rechazo de las empresas a la iniciativa de Trump hay un fuerte sentimiento de injusticia, de ataque a los valores americanos”, discrepa Antonio Truan, profesor de gobierno corporativo y compliance de Deusto Business School. “Los tribunales de EE.UU. tienen muy establecido que la no discriminación es casi sagrada. La dignidad y los derechos de las personas son esenciales para las empresas, que se toman muy en serio sus códigos éticos”, añade Truan.

Para este profesor, es lógico que las compañías hayan reaccionado contra el atropello que supone el decreto de inmigración. Porque, además, “una ley como esta crea un efecto rechazo en los países emisores de inmigrantes, y eso daña las cuentas de resultados de las empresas que están allí”.

Una apuesta que no tiene por qué salir bien

Los empresarios estadounidenses no suelen tener reparos en mostrar sus preferencias políticas. Pero saben que hay una línea roja que conviene no saltarse: la vulneración de los derechos civiles.

El exconsejero delegado de Mozilla Brendan Eich aprendió la lección en 2014. Las críticas desencadenadas cuando se supo que en 2008 había financiado una campaña en contra de la legalización del matrimonio gay en California le llevaron a dimitir. “Conviene que las empresas mediten si sus consumidores son ideológicamente agnósticos o si les importa lo que haga la compañía”, sostiene Daniel Arenas, de Esade.

Otro ejemplo curioso es el de Google. “Su entrada en China pese a tener como eslogan la frase Do not evil (No hagas el mal) creó controversia de puertas adentro. ¿Son compatibles sus valores con actuar en un país autoritario? He tenido alumnos que trabajaron allí y me contaron que se formó un gran debate. Había quien defendía que era mejor entrar en el país para cambiar las cosas poco a poco. Al final, Google se fue a Hong Kong”, explica Arenas, quien señala que conviene no olvidar que las empresas siempre defienden sus intereses.

Apple se ha mostrado activa contra el veto migratorio, pero también anunció que llevaría parte de su producción a Estados Unidos cuando Trump insinuó represalias contra quienes no fabriquen en el país.

Cautela española

¿Qué hay de España? “Las empresas españolas solo hablan de política cuando hay medidas que les afectan al negocio”, matiza Yolanda Vega, directora de public affairs de Burson-Marsteller. “Si una empresa quiere poner en la calle un debate, presiona con medios de comunicación o con lobbies. Y lo normal es que si eso sucede sea por temas regulatorios”, argumenta. Si se quiere dar ese paso, desde Burson-Marsteller aconsejan a sus clientes que los directivos mediten qué van a decir y cómo. “Hay que pensar bien qué impacto tiene el mensaje en todos los agentes implicados: el gran público, los consumidores, los políticos, etcétera”, añade.

“En Europa, en general, no se suelen dar opiniones políticas de forma abierta”, arguye Arenas. Siempre hay excepciones: el presidente de Freixenet, José Luis Bonet, es muy activo en contra del procés de independencia catalán, ilustra. Es conocida, recuerda también, la intervención del presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, en la que reclamó en 2014, antes de que Ciudadanos saltara de la política catalana a la nacional, la creación de “una especie de Podemos de derechas”.

Lo más normal, incide Vega, es que las firmas españolas se ciñan a transmitir sus inquietudes a través de interlocución directa con la Administración. ¿Responderían con la firmeza de las compañías estadounidenses si llegara a La Moncloa una versión patria de Donald Trump? Imposible saberlo hasta que suceda.

Fuente: Manuel G. Pascual (diario Cinco Días, 17/02/2017)

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